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Una ONG logra una victoria legal sobre YouTube después de 5,5 años sobre la cuestión del acceso a los datos de los usuarios

Smartphone con la aplicación YouTube. (Fuente de la imagen: noyb)
Smartphone con la aplicación YouTube. (Fuente de la imagen: noyb)
Google ha conseguido retrasar una simple sentencia sobre protección de datos durante más de cinco años mediante diversas tácticas dilatorias. Ahora por fin se ha tomado una decisión, y Google, o más bien YouTube, debe actuar, a menos que la empresa decida apelar.

Lo que es un proceso completamente normal se ha alargado durante años: Hace unos años, la organización de protección de datos noyb presentó una "solicitud de acceso" a los datos personales de los principales proveedores de streaming, como Amazon, Apple Music, Spotify, Netflix y YouTube. Según el GDPR (artículo 15), las empresas están "obligadas a facilitar a los usuarios una copia de sus datos personales, así como información adicional sobre el tratamiento, como detalles sobre las fuentes y los destinatarios de los datos, la finalidad para la que se tratan y el periodo de conservación".

Sin embargo, todas las empresas contactadas no pudieron (¿o no quisieron?) atender estas peticiones. Posteriormente, en enero de 2019, noyb presentó una denuncia contra un total de ocho empresas, entre ellas Apple, Amazon, Google y otras, ante la Autoridad Austriaca de Protección de Datos (DSB). Pero sólo ahora, más de cinco años después, se ha tomado una decisión: La DSB ha fallado a favor de Noyb.

En la media década transcurrida desde entonces, Google ha encontrado repetidamente formas de retrasar este proceso esencialmente sencillo. Entre otras cosas, la empresa intentó trasladar el procedimiento a Irlanda, donde, según noyb, la aplicación de la protección de datos presenta deficiencias conocidas. Noyb ha expresado su incomprensión ante el hecho de que una empresa multimillonaria prefiera llevar a cabo un largo proceso judicial antes que garantizar a los usuarios su derecho a la información.

Estos largos procedimientos no sólo cuestan mucho dinero a ONG como noyb, sino que privan a los afectados de sus derechos fundamentales. Los particulares tienen pocos recursos contra estas prácticas. En caso de duda, se ven obligados a renunciar a sus derechos fundamentales o a esperar muchos años para hacerlos valer, suponiendo que estén dispuestos a seguir un proceso judicial largo y costoso contra un imperio multimillonario.

Si Google no recurre, deberá cumplir la solicitud de información en su totalidad. En el informe de noyb no se menciona si el procedimiento desembocará también en una multa, por lo que resulta dudoso. Como mínimo, es probable que Google tenga que correr con los gastos legales de la derrota.

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Christian Hintze, 2025-08-30 (Update: 2025-08-30)