Cynthia Lummis advierte de que las demandas judiciales están obstaculizando los esfuerzos de las monedas estables para combatir las actividades financieras ilícitas

Lummis realizó estas declaraciones el 10 de septiembre al responder a una demanda contra Tether por la congelación de 42,4 millones de dólares en USDT. Argumentó que el caso pone de manifiesto una laguna en la normativa vigente y señaló el artículo 305 de la propuesta de ley «Digital Asset Market CLARITY Act» como una posible solución.

«Esta demanda pone de relieve una peligrosa laguna en la lucha contra las finanzas ilícitas en el ámbito de las criptomonedas», afirmó Lummis en una publicación del 10 de septiembre en X.

Sostuvo que, en la actualidad, las plataformas de intercambio y los emisores de monedas estables se enfrentan al riesgo de ser objeto de litigios civiles cuando congelan activos por sospecha de actividad delictiva.

Según la Sra. Lummis, el artículo 305 otorgaría a estas empresas una autoridad más clara para actuar contra transacciones sospechosas, al tiempo que las protegería de la responsabilidad civil cuando actúen dentro de lo establecido en dicha disposición.

Tether se enfrenta a una demanda por la congelación de 42,4 millones de USDT

Estos comentarios se produjeron después de que dos empresarios tailandeses demandaran a Tether ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por 42,4 millones de USDT depositados en diez direcciones de Ethereum.

Los demandantes alegan que Tether congeló los tokens el 30 de octubre de 2025, tras una solicitud informal de las fuerzas del orden estadounidenses. Afirman que en ese momento no existía ninguna orden judicial ni otro procedimiento legal. Según se informa, la orden de incautación se dictó meses más tarde, el 19 de febrero de 2026.

Los demandantes solicitan que se eliminen las direcciones de la lista negra de Tether y desean que el tribunal impida que los USDT congelados sean destruidos o sustituidos por tokens transferidos a un monedero controlado por el Gobierno.

La demanda también reclama una indemnización por daños y perjuicios y alega apropiación indebida, usurpación de bienes muebles y enriquecimiento injusto.

Tether ha rechazado la demanda por considerarla infundada, alegando que sus acciones forman parte de su cooperación con las fuerzas del orden a nivel mundial para evitar el uso indebido del USDT.

Los fondos objeto de la disputa se han relacionado con una investigación más amplia del Departamento de Justicia de EE. UU. que abarca más de 61 millones de dólares en USDT que, según los fiscales, fueron sustraídos a través de las denominadas estafas de inversión «pig-butchering». Las autoridades han reconocido que Tether ha colaborado en la transferencia de los activos incautados.

La Ley CLARITY podría ofrecer un «refugio seguro»

El argumento de Lummis surge en un momento en que la Ley CLARITY se encamina hacia una votación crucial en el Senado. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2025 y está previsto que se someta a una votación de procedimiento en el Senado el 15 de septiembre. Su objetivo es establecer normas federales más claras para los activos digitales y repartir las responsabilidades reguladoras entre la SEC y la CFTC.

El artículo 305 reviste especial relevancia para la aplicación de la normativa sobre monedas estables. Esta disposición está diseñada para permitir que las plataformas de intercambio y los emisores de monedas estables suspendan temporalmente las transacciones sospechosas de estar relacionadas con actividades ilegales, al tiempo que les ofrece protección frente a la responsabilidad civil cuando actúan de buena fe. En virtud de dicha disposición, una solicitud oficial de las fuerzas del orden podría permitir un periodo de retención más prolongado.

Para la Sra. Lummis, la cuestión no se limita simplemente a otorgar más poder a las empresas del sector de las criptomonedas. Sostiene que, sin protección jurídica, las empresas podrían verse ante la difícil disyuntiva de congelar fondos potencialmente ilícitos o arriesgarse a una demanda por parte de las personas cuyos activos hayan sido bloqueados.

El debate surge mientras los legisladores negocian los detalles finales de la Ley CLARITY, cuya aprobación aún requiere el apoyo suficiente del Senado para seguir adelante.

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