BYD se enfrenta a una demanda en Brasil por supuestas condiciones de esclavitud en su planta de vehículos eléctricos
El Ministerio Público de Trabajo (MPT) ha presentado una demanda civil contra BYD y dos de sus subcontratistas en relación con la construcción de la nueva planta de vehículos eléctricos de BYD en Camacari, Brasil. Se descubrió que un total de 220 trabajadores chinos vivían y trabajaban en condiciones que violaban la legislación laboral brasileña, incluidas condiciones "análogas a la esclavitud", según los fiscales.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia anónima que permitió descubrir viviendas hacinadas, condiciones de alojamiento insalubres y condiciones laborales de explotación. Según los informes oficiales, algunos trabajadores dormían sin colchones, se les habrían confiscado los pasaportes y los contratos contenían cláusulas ilegales. Los observadores informaron de que los trabajadores trabajaban muchas horas sin un día libre a la semana y que se les retenía entre el 60% y el 70% de sus salarios.
El MPT reclama a las empresas una indemnización de 257 millones de reales (unos 51,5 millones de dólares). Las obras de la planta de Camacari se suspendieron a finales de 2023 a la luz de las revelaciones. BYD, que ha afirmado tener "tolerancia cero con las violaciones de los derechos humanos y la legislación laboral", no había respondido a la demanda del grupo en el momento de redactar este informe.
La planta iba a ser el primer emplazamiento de BYD para producir vehículos eléctricos fuera de Asia y una piedra angular en su expansión hacia América Latina. La imagen global de la empresa y su estrategia de expansión se enfrentan a un duro golpe por la demanda. El momento es interesante, ya que la empresa está compitiendo cara a cara con Tesla y otros fabricantes de VE por la cuota de mercado a nivel mundial, incluyendo la reciente superación de Tesla en ventas de VE en Europa este año.
La legislación brasileña considera "condiciones similares a la esclavitud" no sólo el trabajo forzado, sino también la servidumbre por deudas, las condiciones de vida degradantes y las violaciones de la dignidad humana. La lucha legal que se está desarrollando actualmente podría dar a BYD motivos para reconsiderar sus operaciones en la región y llamar la atención internacional sobre sus prácticas laborales en el extranjero.
